El papel fundamental de las universidades en el desarrollo económico y social del país no lo puede definir la empresa privada.
Este principio es el eje central de las propuestas presentadas por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el pasado 23 de junio, como respuesta al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 del Gobierno nacional.
Contra viento y marea, el ministerio insiste en que la Educación Superior tendrá su "ánimo de lucro".
Desde diversas organizaciones profesorales se han manifestado muchas voces en contra de tan absurdas pretensiones.
Si los parlamentarios tuvieran en mente un ingreso seguro de Colombia al siglo XXI, es decir, a las verdaderas sociedades del conocimiento, esta sería una nueva oportunidad.
Para mayores detalles, mírese lo que ha pasado en Chile.
También remitimos al lector a la reciente publicación de APUN (Asciación de Profesores de la Universidad Nacional), disponible en:
http://www.apun.org/documentos/APUNtes%20No.30.pdf
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